viernes, 15 de febrero de 2013

Frontón: El lento avance de la justicia


La semana que pasó, la Fiscalía de la Nación, a regañadientes, empezó a cumplir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la exhumación e identificación de cinco de los ciento once muertos durante la masacre del penal El Frontón en 1986, cuando Alan García no tenía un año en el poder, pero ya tentaba el liderazgo tercermundista en el congreso de la Internacional Socialista que se realizaba en Lima.
En los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, los presos acusados de terrorismo se habían amotinado; el control de lo motines senderistas se encargó a las Fuerzas Armadas pero el ministro Agustín Mantilla estuvo durante el operativo al tanto de los acontecimientos y en coordinación con el Presidente, entonces, Alan García. En esta investigación, los especialistas analizan el trabajo de la Fiscalía.
Escriben Paola Ugáz y Daniel Yovera / agenciaperu.com
El fantasma de la matanza del penal El Frontón vuelve para atemorizar a sus responsables materiales e intelectuales. La semana pasada, diecisiete años después de esos sucesos de horror, el Ministerio Público exhumó dieciséis de los ciento once cadáveres enterrados como "NN", en el cementerio de Puente Piedra.


LA MATANZA
El 18 y el 19 de junio de 1986, el entonces presidente Alan García, ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía el develamiento de un motín senderista realizado de manera concertada en los penales de Lurigancho, el Frontón y Santa Bárbara
La Marina de Guerra estuvo encargada del control del penal el Frontón, ubicado en la isla San Lorenzo. Allí murieron ciento once presos por terrorismo del pabellón azul, y sobrevivieron treinta y cuatro.
A regañadientes, el Ministerio Público, que dirige Nelly Calderón, tuvo que reabrir en el 2001 el caso, debido a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que denunció al Estado peruano por las desapariciones de Nolberto Durand, Gabriel Ugarte, William y Edgardo Centeno, y Víctor Neyra.
Exhaltación Vargas, sobreviviente de la masacre, relato en julio del 2002 ante la Comisión de la Verdad, su espeluznante historia: "comenzaron a disparar, disparar, comienzan prácticamente a destruir el pabellón y ya nos quedábamos casi en la cuarta parte del pabellón, nada más".
"Aproximadamente como a las cuatro, cuatro y media, se da la orden de que cese el fuego. Ya los militares dejaron de cesar el fuego y nos dijeron que bajemos todos los que estamos vivos. En ese momento, comenzamos a bajar, los del segundo piso donde estaba yo. Y por supuesto, el primer piso también comienza a salir", relata la testigo.
"Los militares nos comienzan a golpearnos y comienzan a levantar a algunas personas. Comenzaron a levantar, parece que seleccionaban. Se lo llevaron y se sintió tiros a la espalda del pabellón", señaló en una audiencia pública de la Comisión de la Verdad.
Exhaltación Vargas recuerda que "tendido ahí en la explanada, más o menos calculo aproximadamente hemos estado un promedio de setenta o ochenta personas, vivos, ya rendidos".

"Esta barbarie que cometieron peor que en la Santa Inquisición. Absolutamente no dieron una piedad, humana. Y así como yo tantos inocentes hayan muerto, tanta gente inocente involucrado, espero de que este testimonio sea para que se cure la enfermedad".
Ahora, esta mujer guarda una esperanza, después de todo lo sufrido: "espero que sirva para que una vez por todas nuestros representantes vean cómo es que está andando la justicia peruana".


LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
Sofía Macher: "es inaceptable que el Ministerio Público no cumpla con su función de investigar".
Exhaltación se pregunta por qué no llega la justicia, pero al parecer la fiscalía especializada en derechos humanos, que dirige Eliana Álvarez, está muy lejos de buscarla.
Según un documento obtenido poragenciaperu.com, la estrategia de investigación que se ha trazado la fiscal Álvarez buscaría identificar solo a cinco de los ciento once cadáveres, y dejar sin efecto cualquier diligencia tendiente a identificar al resto de muertos.
Sofía Macher, de la Comisión de la Verdad, asegura haber "pedido a la fiscal Eliana Álvarez Tapia, nos explique su estrategia de investigación, porque tenemos referencia de que habría hecho incluso declaraciones a la prensa de que sólo estaba obligado a la sentencia de la Corte Interamericana, a devolver estos cinco restos humanos que son materia de la sentencia de la Corte. Nosotros opinamos que eso sería inaceptable".
Para el antropólogo forense Juan Carlos Tello, vicepresidente del Equipo Peruano de Antropología Forense, los documentos de fiscalía son "un poco raros". "En nuestro trabajo nosotros no discriminamos a quien identificamos y a quien no", señala.
Tello señala que esta "es la oportunidad para hacerlo. No puedes hacer una investigación por muestreo. Porque, además, es muy complicado hacerlo al azar. No se hace una investigación al azar".
Por su parte, Fernando Vidal, juez Ad Hoc de la Corte interamericana de Derechos Humanos, señala que "si el Ministerio Publico lo considera pertinente, podría ampliar la investigación a todos los que se encontraron recluidos en El Frontón y cuyos cadáveres desaparecieron. Esto sin necesidad de consultarle a la Corte. El Estado es autónomo, es soberano".
Para los expertos consultados, las restricciones de la fiscalía son una falta de respeto para los familiares de los otros asesinados.
La comisionada Macher señala: "pongámonos en la situación de que logra ubicar a esos cinco, ¿qué va a hacer con los otros? ¿Los va a volver a enterrar como NN? Eso no va a ser de ninguna manera aceptado por el resto de familiares que con seguridad se van a acercar a preguntar por su familiar. De hecho a la Comisión de la Verdad ya se han presentado algunos familiares".
Además, Juan Tello, opina que "probablemente, si hubieran existido los mismos recursos y los mismos medios, los familiares de los que murieron allí estarían elevando la misma queja a la Corte, y la Corte estaría diciendo ahora, 'no son 5, sino son ciento once'".



LOS BENEFICIOS DEL SILENCIO
Juan Tello: "no puedes limitar a cinco el tema de la identificación ".
Una investigación limitada solo a cinco casos no ayudara a reconstruir la verdad de lo acontecido en 1986, ni a establecer si hubo o no asesinatos extrajudiciales que puedan determinar los delitos cometidos y los culpables.
Sofía Macher: "regresando a lo de la sentencia, es explícito que dice que tiene que haber una investigación y sancionar a los culpables, o sea está. Pero además es absolutamente inaceptable que el Ministerio Público no cumpla con su función de investigar si ha habido un crimen, no puede dejar de hacerlo porque es su función, sin necesidad de que medie ninguna sentencia de la Corte Interamericana".
"Su función es investigar los delitos, y lo tiene que hacer apenas tenga conocimiento de alguno de ellos sin que nadie haga una denuncia, tiene que tomar iniciativa, no podría tomar otra actitud, sería absolutamente inaceptable", recalca.
Poner el velo a la verdad de la matanza del Frontón solo interesa a los responsables de la misma: Alan García, su consejo de ministros y sus jefes militares.
El letrado Fernando Vidal sindica que las responsabilidades "puede alcanzar a las más altas esferas, pero eso no lo determina la Corte, eso lo determina internamente el Estado. Y se les procesa, se les procesa acá, y la Corte va a estar vigilante de acuerdo a lo que informe la Comisión Interamericana si es que se cumplen o no los mandatos de la Corte".

¿Y LA FISCAL?
Agenciaperu.com buscó a la fiscal Eliana Álvarez para que explique su estrategia de trabajo, pero ella nunca respondió a nuestros requerimientos. ¿Por qué tanto hermetismo?
Para los forenses, la exhumación es el arte de hacer hablar a los huesos, pero este Ministerio Público dirigido por Nelly Calderón sólo quiere que se callen.
A decir de muchos, el Ministerio Público de Nelly Calderón dificulta las investigaciones del caso.
El forense Juan Tello señala: "si tu tienes ciento once individuos, vas a analizar a los ciento once, vas a encontrar patrones en todos que te van a contar historias, no te puedes limitar a cinco por el tema solamente de la identificación solamente".
Tello no oculta su indignación: "el cuerpo como tal y el sistema esquelético se convirtió en un recipiente de lo que sucedió a esa persona, y todavía ese recipiente te puede decir muchas cosas y te puede ayudar a encontrar una parte sustantiva de la información y la investigación que ayuda mucho a la construcción del caso. El no hacerlo ayuda mucho a la destrucción del caso".
Evidentemente, la estrategia del Ministerio Público consiste en entorpecer las investigaciones. De esa manera nunca se podrá establecer quién tuvo la responsabilidad política y material sobre aquellos sangrientos y lamentables hechos. En todo caso, debería tener en cuenta que hay demasiados organismos internacionales observando su trabajo y su comportamiento.