Acusación fiscal sobre matanza de El Frontón alcanzaría a Alan García

Después de 26 años y 6 meses.

Acusación fiscal sobre matanza de El Frontón alcanzaría a Alan García

Martes, 08 de enero de 2013 | 7:44 am

18-19 junio de 1986. El Fronton. Número de víctimas aumenta. 118 al inicio. Subieron a 124 en veintitantos años. Hoy se reportan 133 muertes probadas.

Ministerio Público presenta acusación fiscal y plantea juicio oral sobre este caso a nivel de Corte Superior. A la postre, el dictamen y la investigación sustentatoria podrían sentar en el banquillo de los acusados al ex presidente Alan García Pérez y a otras altas autoridades políticas y militares de 1986. Monumental expediente precisa tres momentos críticos de los luctuosos hechos.

Edmundo Cruz.

El nuevo año se insinúa memorioso y retador. El jueves 3 por la tarde, el Ministerio Público interpuso acusación fiscal sobre la matanza en el penal El Frontón, Callao, ocurrida hace 26 años y 6  meses.

La autora del dictamen acusatorio es la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.

La acusación fiscal que solicita la apertura del juicio oral y su monumental expediente de sustento (ver despiece) fueron entregados en la Mesa de Partes de la Sala Superior Penal Nacional del Poder Judicial que preside Ricardo Brousset Salas.

De fuente extraoficial, La República supo que el número de acusados señalados alcanzaría a 33 personas, la gran mayoría efectivos subalternos de la Marina de Guerra del Perú. Entre ellos solo figurarían  cuatro oficiales que apenas alcanzaban al grado de tenientes cuando ocurrió la matanza.

Se mencionan los nombres de Carlos Alberto Tello Aliaga, César Enrique Patrón Valle, Luis Enrique Román Rodríguez y Carlos Augusto Garrido Cabrera.

El número, nombre y grado de los acusados no serían el eje del dictamen, sino la calificación de los delitos cometidos (de lesa humanidad), así como la reconstrucción de la cadena de mando que los inspiró. Por esta línea se alcanzaría a las autoridades del Estado de esa época, hasta hoy inimputables.

RETROCESOS Y AVANCES

El caso empezó a investigarse el 2001, respondiendo a sentencias de la Corte Interamericana. Diligencias realizadas en Lima y Callao se juntaron en la novísimaFiscalía de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzosas.

El 2004 se abrió el expediente 125-2004, hoy día en trámite, pero hasta el 2008 el proceso no pasó de la instrucción en primera instancia.

El caso subió a segunda instancia recién el 2009 para su revisión por una fiscal superior:Ibáñez Carranza. La revisora planteó dos acciones: la acumulación de otro juicio sobre los mismos hechos y la inclusión en la investigación de oficiales jefes con evidente mayor responsabilidad en el caso.

Las peticiones fueron aceptadas, pero el año pasado, la autoridad judicial dio marcha atrás. Sacó del expediente 125 el caso acumulado el 2009 y también a dos oficiales comprendidos en la investigación.

El retroceso tiene un antecedente. En marzo del 2007, el fiscal superior Edgar Chirinos archivó la investigación por los sucesos de El Frontón que se seguía a Alan García Pérez,Luis Giampietri Rojas y Agustín Mantilla. Las resoluciones fiscales no tienen para el caso categoría de cosa juzgada. Pero muestran una constante.

Sobre el protagonismo de García Pérez, el expediente incluiría un documento del personal militar destacado a El Frontón, elevado al Comando Conjunto el 30 de junio de 1986. En él –según la versión–los firmantes declaran que ellos no hicieron sino lo que el presidente García ordenó.

TRES MOMENTOS

La investigación fiscal alcanza a precisar los tres momentos claves de los hechos.

Primero, el denominado homicidio por ferocidad. Se desencadenó a las 13:50 horas del día 19, cuando los internos salieron de sus escondites y se rindieron. Se separó a los que se consideraba líderes y se les llevó detrás del Pabellón Azul. Determinados oficiales les ordenaron que corrieran a la playa, que estaban libres. Así lo hicieron, pero los mismos oficiales dieron otro grito, dijeron: se escapan, hay que disparar. Les dispararon y los mataron por la espalda.

Segundo momento. Después de las 2 de la tarde, las rendiciones continuaron y los internos fueron apiñados en la parte posterior del Pabellón Azul, de 15 en 15, de 20 en 20. Según los testimonios recopilados por la fiscalía, se les maltrató, humilló y torturó. Finalmente, entre 70 y 80 reclusos resultaron ultimados con bayoneta y cuchillo. 

El tercer momento, calificado como homicidio por explosión, ocurrió después de las 4:40 pm, cuando llegó al lugar el Fiscal de la Nación César Elejalde Estensoro acompañado del vocal supremo Carlos Torres y de un periodista de Andina Televisión.

Los fusilamientos cesaron y el fiscal de la Nación intentó un llamado a la rendición pero, según pruebas recogidas, los internos ya estaban rendidos.

El fiscal de la Nación se retiró del área del Pabellón Azul, pero no de El Frontón. En esas circunstancias, la fuerza armada procedió a demoler por completo con cargas explosivas las instalaciones del Pabellón Azul. Pese a que se sabía que en su interior quedaban reclusos heridos y muchos otros con vida.

MEGAEXPEDIENTE COMPRENDE 88 TOMOS Y UNOS 300 COMPLEMENTOS

El dictamen acusatorio de la fiscal superior Ibáñez está impreso en 506 páginas.

El expediente madre sustentario cuenta 30.616 folios cosidos en 88 tomos.

55 cuadernos suman los anexos del expediente principal y los actuados del fuero militar, con sus 12 anexos.

Los incidentes están registrados en 29 cuadernos, el peritaje de la parte civil en 2, más 45 anexos de ambos.

Hay 25 cuadernos sobre exhumaciones, 10 de quejas, 2 de excepciones y 2 sobre la investigación congresal.

15 anexos con identificaciones forenses y uno con los aportes de la CVR.

Las fichas para identificar restos humanos y las pericias balísticas se guardan en 4 cajas, y los protocolos de necropsias, en 6.

También figuran 2 libros del Instituto de Medicina Legal, declaraciones de testigos claves y pruebas ADN.

Frontón: El lento avance de la justicia

La semana que pasó, la Fiscalía de la Nación, a regañadientes, empezó a cumplir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la exhumación e identificación de cinco de los ciento once muertos durante la masacre del penal El Frontón en 1986, cuando Alan García no tenía un año en el poder, pero ya tentaba el liderazgo tercermundista en el congreso de la Internacional Socialista que se realizaba en Lima.
En los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, los presos acusados de terrorismo se habían amotinado; el control de lo motines senderistas se encargó a las Fuerzas Armadas pero el ministro Agustín Mantilla estuvo durante el operativo al tanto de los acontecimientos y en coordinación con el Presidente, entonces, Alan García. En esta investigación, los especialistas analizan el trabajo de la Fiscalía.

Escriben Paola Ugáz y Daniel Yovera / agenciaperu.com

El fantasma de la matanza del penal El Frontón vuelve para atemorizar a sus responsables materiales e intelectuales. La semana pasada, diecisiete años después de esos sucesos de horror, el Ministerio Público exhumó dieciséis de los ciento once cadáveres enterrados como "NN", en el cementerio de Puente Piedra.

LA MATANZA

El 18 y el 19 de junio de 1986, el entonces presidente Alan García, ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía el develamiento de un motín senderista realizado de manera concertada en los penales de Lurigancho, el Frontón y Santa Bárbara

La Marina de Guerra estuvo encargada del control del penal el Frontón, ubicado en la isla San Lorenzo. Allí murieron ciento once presos por terrorismo del pabellón azul, y sobrevivieron treinta y cuatro.

A regañadientes, el Ministerio Público, que dirige Nelly Calderón, tuvo que reabrir en el 2001 el caso, debido a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que denunció al Estado peruano por las desapariciones de Nolberto Durand, Gabriel Ugarte, William y Edgardo Centeno, y Víctor Neyra.

Exhaltación Vargas, sobreviviente de la masacre, relato en julio del 2002 ante la Comisión de la Verdad, su espeluznante historia: "comenzaron a disparar, disparar, comienzan prácticamente a destruir el pabellón y ya nos quedábamos casi en la cuarta parte del pabellón, nada más".

"Aproximadamente como a las cuatro, cuatro y media, se da la orden de que cese el fuego. Ya los militares dejaron de cesar el fuego y nos dijeron que bajemos todos los que estamos vivos. En ese momento, comenzamos a bajar, los del segundo piso donde estaba yo. Y por supuesto, el primer piso también comienza a salir", relata la testigo.

"Los militares nos comienzan a golpearnos y comienzan a levantar a algunas personas. Comenzaron a levantar, parece que seleccionaban. Se lo llevaron y se sintió tiros a la espalda del pabellón", señaló en una audiencia pública de la Comisión de la Verdad.

Exhaltación Vargas recuerda que "tendido ahí en la explanada, más o menos calculo aproximadamente hemos estado un promedio de setenta o ochenta personas, vivos, ya rendidos".

"Esta barbarie que cometieron peor que en la Santa Inquisición. Absolutamente no dieron una piedad, humana. Y así como yo tantos inocentes hayan muerto, tanta gente inocente involucrado, espero de que este testimonio sea para que se cure la enfermedad".

Ahora, esta mujer guarda una esperanza, después de todo lo sufrido: "espero que sirva para que una vez por todas nuestros representantes vean cómo es que está andando la justicia peruana".

LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN

Sofía Macher: "es inaceptable que el Ministerio Público no cumpla con su función de investigar".

Exhaltación se pregunta por qué no llega la justicia, pero al parecer la fiscalía especializada en derechos humanos, que dirige Eliana Álvarez, está muy lejos de buscarla.
Según un documento obtenido poragenciaperu.com, la estrategia de investigación que se ha trazado la fiscal Álvarez buscaría identificar solo a cinco de los ciento once cadáveres, y dejar sin efecto cualquier diligencia tendiente a identificar al resto de muertos.
Sofía Macher, de la Comisión de la Verdad, asegura haber "pedido a la fiscal Eliana Álvarez Tapia, nos explique su estrategia de investigación, porque tenemos referencia de que habría hecho incluso declaraciones a la prensa de que sólo estaba obligado a la sentencia de la Corte Interamericana, a devolver estos cinco restos humanos que son materia de la sentencia de la Corte. Nosotros opinamos que eso sería inaceptable".
Para el antropólogo forense Juan Carlos Tello, vicepresidente del Equipo Peruano de Antropología Forense, los documentos de fiscalía son "un poco raros". "En nuestro trabajo nosotros no discriminamos a quien identificamos y a quien no", señala.
Tello señala que esta "es la oportunidad para hacerlo. No puedes hacer una investigación por muestreo. Porque, además, es muy complicado hacerlo al azar. No se hace una investigación al azar".
Por su parte, Fernando Vidal, juez Ad Hoc de la Corte interamericana de Derechos Humanos, señala que "si el Ministerio Publico lo considera pertinente, podría ampliar la investigación a todos los que se encontraron recluidos en El Frontón y cuyos cadáveres desaparecieron. Esto sin necesidad de consultarle a la Corte. El Estado es autónomo, es soberano".
Para los expertos consultados, las restricciones de la fiscalía son una falta de respeto para los familiares de los otros asesinados.
La comisionada Macher señala: "pongámonos en la situación de que logra ubicar a esos cinco, ¿qué va a hacer con los otros? ¿Los va a volver a enterrar como NN? Eso no va a ser de ninguna manera aceptado por el resto de familiares que con seguridad se van a acercar a preguntar por su familiar. De hecho a la Comisión de la Verdad ya se han presentado algunos familiares".
Además, Juan Tello, opina que "probablemente, si hubieran existido los mismos recursos y los mismos medios, los familiares de los que murieron allí estarían elevando la misma queja a la Corte, y la Corte estaría diciendo ahora, 'no son 5, sino son ciento once'".



LOS BENEFICIOS DEL SILENCIO

Juan Tello: "no puedes limitar a cinco el tema de la identificación ".

Una investigación limitada solo a cinco casos no ayudara a reconstruir la verdad de lo acontecido en 1986, ni a establecer si hubo o no asesinatos extrajudiciales que puedan determinar los delitos cometidos y los culpables.
Sofía Macher: "regresando a lo de la sentencia, es explícito que dice que tiene que haber una investigación y sancionar a los culpables, o sea está. Pero además es absolutamente inaceptable que el Ministerio Público no cumpla con su función de investigar si ha habido un crimen, no puede dejar de hacerlo porque es su función, sin necesidad de que medie ninguna sentencia de la Corte Interamericana".
"Su función es investigar los delitos, y lo tiene que hacer apenas tenga conocimiento de alguno de ellos sin que nadie haga una denuncia, tiene que tomar iniciativa, no podría tomar otra actitud, sería absolutamente inaceptable", recalca.
Poner el velo a la verdad de la matanza del Frontón solo interesa a los responsables de la misma: Alan García, su consejo de ministros y sus jefes militares.
El letrado Fernando Vidal sindica que las responsabilidades "puede alcanzar a las más altas esferas, pero eso no lo determina la Corte, eso lo determina internamente el Estado. Y se les procesa, se les procesa acá, y la Corte va a estar vigilante de acuerdo a lo que informe la Comisión Interamericana si es que se cumplen o no los mandatos de la Corte".

¿Y LA FISCAL?
Agenciaperu.com buscó a la fiscal Eliana Álvarez para que explique su estrategia de trabajo, pero ella nunca respondió a nuestros requerimientos. ¿Por qué tanto hermetismo?
Para los forenses, la exhumación es el arte de hacer hablar a los huesos, pero este Ministerio Público dirigido por Nelly Calderón sólo quiere que se callen.

A decir de muchos, el Ministerio Público de Nelly Calderón dificulta las investigaciones del caso.

El forense Juan Tello señala: "si tu tienes ciento once individuos, vas a analizar a los ciento once, vas a encontrar patrones en todos que te van a contar historias, no te puedes limitar a cinco por el tema solamente de la identificación solamente".
Tello no oculta su indignación: "el cuerpo como tal y el sistema esquelético se convirtió en un recipiente de lo que sucedió a esa persona, y todavía ese recipiente te puede decir muchas cosas y te puede ayudar a encontrar una parte sustantiva de la información y la investigación que ayuda mucho a la construcción del caso. El no hacerlo ayuda mucho a la destrucción del caso".
Evidentemente, la estrategia del Ministerio Público consiste en entorpecer las investigaciones. De esa manera nunca se podrá establecer quién tuvo la responsabilidad política y material sobre aquellos sangrientos y lamentables hechos. En todo caso, debería tener en cuenta que hay demasiados organismos internacionales observando su trabajo y su comportamiento.

HACIA LA RECONCILIACIÓN NACIONAL EN EL PERÚ

Mensaje al Pueblo Peruano

Padre: Moseñor Alfonso Baeza de Chile
y Fernando Mellado Presidente de los Ex - Soldados del 73 - 90 en Chile

CARTA A LA OPINION PUBLICA – Chorrillos/Octubre del 2012

En la actualidad en el Perú se esta aplicando contra los Prisioneros Politicos un Plan de Reordenamiento - Deshacinamiento que implica un regimen cerrado especial y una reclasificación ilegal. Al igual que los anteriores regimes el gobierno de Ollanta Humala sigue violando todo los derechos fundamentales, asi en los ultimos traslados entre los Penales de Chorrrillos y Virgen del Fátima las prisioneras han sido agredidas fisicamente.

 

Según el presidente del INPE Perez Guadalupe y Ollanta Humala, es una medida para impedirles su expresión y participación el las elecciones regionales del 2014.

El Poder Judicial, La CIDH y el Estado Peruano

Fuente: Ideeleradio.pe

Carlos Rivera, director del Área Legal del IDL, comentó así la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la emisión de una nueva sentencia.

La Corte Suprema no tiene otro camino que anular la sentencia de Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal Permanente, sostuvo Carlos Rivera, director del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), al considerar que no puede establecerse otra interpretación a la resolución de la Corte IDH que no sea el de buscar un mecanismo para emitir un nuevo fallo en el caso Barrios Altos, de acuerdo a los estándares del derecho internacional.

Fue al comentar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la emisión de una nueva sentencia, a propósito del fallo que emitió el tribunal de Villa Stein que favorece a los miembros del grupo Colina y que desconoce el tema de delitos de lesa humanidad.

“[¿Habrá alguna posibilidad o camino de que la Corte Suprema pueda adoptar una decisión distinta?] No, porque ya el momento que la Corte Interamericana ha remitido una resolución de cumplimiento, ya nos colocamos en el supuesto de la existencia de una relación de un organismo supranacional y de los órganos del Estado peruano”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Los órganos del Estado peruano simplemente acatan las decisiones de los órganos de carácter internacional, ningún órgano por más Corte Suprema que sea puede ponerse en el plan de interpretar las decisiones de la Corte Interamericana porque no les corresponde, consecuentemente lo que debemos observar es el mecanismo procesal para anular la sentencia y dictar una nueva”, aseveró.

Explicó que lo que dice ese organismo es que coincide en sus apreciaciones sobre la sentencia emitida por la Sala Penal emitida por Javier Villa Stein, en el sentido que es un fallo que determina que el Estado peruano no ha cumplido con las obligaciones internacionales a las que está exigido internacionalmente.

“El Poder Judicial no es un poder diferente y autónomo del Estado y es parte del Estado y consecuentemente las obligaciones no son solamente del Poder Ejecutivo, sino del conjunto de las autoridades y de las instituciones del Estado, y obviamente la resolución de cumplimiento de la Corte Interamericana, la entidad que debe darle cumplimiento ese es el Poder Judicial, porque se trata de un asunto que está judicializado”, puntualizó.

Carta a la Fiscalia Supraprovincial Penal de Lima

Nuevas Fotografias

JOSE FERNANDO DOMINGUEZ BERROSPI..

Los muertos que amamos no morirán.
Redoblan a difunto las campanas,
el bronce suena claro en las mañanas,
las almas de los muertos cantarán.
Los muertos que amamos no morirán.
Oigo voces que suenan tan humanas,
siento pasos a horas tan tempranas,
subrayo: mis muertos no morirán.
Si acaso, lo que extraño es su presencia,
su carne sometida a mil dolores,
asunto ineludible de su ausencia.
Perdonen los que escuchan mi insistencia,
pero pruebas ofrezco, testimonios,
mis muertos no están muertos, son esencia.

19 de Setiembre de 1963

Pepé del Tópico

Despues de 49 años del nacimiento y 26 años de la Desaparición Forzada de nuestro Familiar José Fernando Dominguez Berrospi, los familiares no descansamos en la lucha por conseguir Justicia. Hoy celebramos el dia de su natalicio y a su vez nos reafirmamos en no descanzar en la larga brecha para darle humana sepultura.

En ese contesto, despues de la ultima entrevista (17.07.2012) de los familiares , abogado Carlos Rivera y la fiscal Chamoro se ha obtenido los siguientes informes:

Abogado y Fiscal negaron desconocer la resolución del Tribunal Constitucional del 22.07.2004, asi mismo comentaron que seria una resolución sin trascendencia argumentando que el Fuero Militar seria autónomo y por ende no compatible.

Se estaba culminando la toma de muestras de ADN en Lima para despues trasladarse a Provincias y se calculaba que esto demoraria aproximadamente 30 dias, mas el tiempo necesario para el proceso de comparación de las muestras ADN. Culminando este proceso se pasaria a hacer las exumaciónes en 16 cementerios.

MATANZA DE LOS PENALES 1986, DEMOCRACIA Y REVOLUCION EN EL PERU

PLIEGO UNICO DEMANDAS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA DE LAS LUMINOSAS TRINCHERAS DE COMBATE DEL FRONTON, LURIGANCHO Y CALLAO

1.- Respeto a las actas del 16 de julio y del 31 de octubre de 1985, suscrito por los representantes del Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial, Ministerio Público, de una parte y de la otra por los representantes de los presos especiales.

2.- Garantías contra el nuevo genocidio que trama el gobierno aprista, la Marina y demás reaccionarios contra los internos por "terrorismo".

3.- No al traslado de los procesos judiciales a provincias; ni de los presos especiales. Derogatoria del Artículo 2do. de la Ley 24499.

4.- Aumento del socorro alimenticio a un minimo de I/. 15 00 diarios (1), este beneficio se hará extensivo a todos los penales.

5. Destitución del Presidente del INPE, Manuel Aquézolo por ser cómplice del genocidio del 4 octubre de 1985 en Lurigancho.

6.- Entrega de los cadáveres de los asesinados el 4 de octubre de 1985 a sus familiares, dando cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Correccional de Lima del 9 de octubre de 1985.

7.- Traslado inmediato de los 16 internos por "terrorismo" en Canto Grande a los pabellones donde se encuentran los presos especiales en Lurigancho.

8.- Cese de las amenazas, persecuciones y detenciones a los familiares de los presos especiales por parte de la Marina de Guerra, de DIRCOTE y del gobierno aprista.

9.- Cierre del Penal de Canto Grande por ser contrario a la dignidad humana.

10.- Que se deje sin efecto el recorte de los días domingos y feriados para el cómputo del 2 por 1.

11.- Aceleración de los juicios; por el respeto del derecho a la defensa.

12. -Anulación de la disposición del INPE dé prohibición al ingreso de todo tipo de frutas y de envases de plástico, por ser contrario a la salud de los internos políticos y comunes.

13.- Destitución de empleados provocadores Guevara, González, Jayo, Aybar y Retes en el Frontón, así como de la Jefa de Seguridad Isabel Guerrero y la alcaide Rosa Lermo en el Callao.

14 – Erradicación de los basurales en Lurigancho.

15.- Suministro de luz las 24 horas del día en el Frontón.

16.- Reparación del sistema de agua, desagüe y eléctrico en el Callao y Lurigancho.

17. -Contra las requisas por ser masacres y robo para los internos.

18.- Atención, tratamiento y suministro de medicinas para los internos que se encuentran enfermos. Evacuación de los enfermos a los hospitales.

Aumento del presupuesto para la salud en un 100%.

19.- No a la intervención de la Marina de Guerra en el Frontón, ni revisiones humillantes a los familiares de los prisioneros de guerra por efectivos de la Marina.

20.- Por el cese de la nefasta política de desaparecidos.

21 .- Apoyo a las luchas populares en el Perú y a las luchas de los detenidos sociales, presos políticos y prisioneros de guerra en el mundo.

22. – Entrega de materiales de limpieza, catres, colchones, sábanas, frazadas, pijamas para todos los internos del Perú.

23.- Que se haga efectiva la extensión de los beneficios correspondientes a los presos especiales a todo el país.

24.- Ninguna represalia contra los internos especiales, ni contra sus familiares y abogados.

25 – Publicación de estos acuerdos y de las actas del 16 de julio y 31 de octubre de 1985.

26.- Presencia de los periodistas en la suscripción de los acuerdos y en la ejecución de los mismos.

Lima, Perú, 18 de Junio de 1986